Lunes 21 de mayo de 2018
Opinión
Una sentencia obliga a la Generalidad de Cataluña a abonar un millón de euros a la casa Balañá en concepto de indemnización por los daños derivados de la prohibición taurina. Una cantidad que pagarán de sus bolsillos todos los catalanes. Un despilfarro evitable y que es la consecuencia de una prohibición inconstitucional. Y, Balañá, continúa sin abrir la plaza.
