27 de septiembre de 2020, 2:47:27
Actualidad

Comunicado


La Junta de Castilla y León ataca los orígenes de la Tauromaquia contrariando la ley aprobada por las Cortes Generales

Una imperdonable agresión a la Constitución y leyes que obligan a proteger y promover la Tauromaquia y como parte de ella al Toro de la Vega. Ante este atropello totalitario no cabe otro camino que la defensa judicial y la exigencia de responsabilidades políticas.

Por Asociación Internacional de Tauromaquia


La Asociación Internacional de Tauromaquia (AIT), expresa el más contundente de los rechazos al decreto aprobado por la Junta de Castilla y León en relación a los festejos populares en esa Comunidad.

El decreto, que vulnera la Constitución española y leyes de rango superior, ha sido aprobado con premeditación dañina y alevosía, propias de los regímenes que gobiernan a golpe de decreto, sin que se justifique urgencia de naturaleza alguna. Esto es lo que puede esperarnos con los radicales que habiéndose posicionado ya en contra de la Tauromaquia, pretenden hacerse con el poder en España, pero que para nada se esperaba de quienes dicen creer en el respeto a los derechos de los pueblos y a su libertad, como es el caso del Partido Popular.

Expresamos a la vez nuestra solidaridad y apoyo incondicional al Patronato del Toro de la Vega en particular y a todo el pueblo de Tordesillas, pueblo ejemplar, paciente, educado, respetuoso incluso con los que no piensan como ellos, que enfrenta ahora además de los ataques de los animalistas, la traidora acción de políticos endebles instalados en el gobierno de Castilla y León, que no respetan la cultura popular y que ceden a las presiones de grupos que buscan vaciar a España de sus señas de identidad. Asimismo, nos solidarizamos con su valiente alcalde D. José Antonio González Poncela, (PSOE), quien en un gesto que le honra, cuenta con el apoyo de los grupos municipales de oposición, entre ellos del propio PP.

Leyes iguales para todos
Nuestra Constitución y las leyes nacionales son de obligatorio cumplimiento tanto para los ciudadanos como para todos los poderes públicos, pasando desde el mas pequeño ayuntamiento de nuestra geografía hasta la más alta magistratura del Estado, incluyendo por supuesto a la Junta de Castilla y León, obligada expresamente por la Ley 18/2013 de la Tauromaquia a proteger nuestro Patrimonio Cultural. Por tal motivo, los autores del decreto se han convertido en presuntos responsables de las sanciones que castigan el incumplimiento de la ley, pues han sido ellos los que han pasado por encima de la Constitución y las leyes, y lo más doloroso, colocándose del lado de los intolerantes y agresivos grupos animalistas, ignorando el sentir de todo un pueblo como el de Tordesillas.

Con un discurso improvisado y audaz, el portavoz de ese gobierno autónomo ha querido justificar que siete meses de trabajo insustancial que dio como resultado este decreto ilegal e inconstitucional, han sido suficientes para cargarse 500 años de historia de un Patrimonio Cultural que sólo pertenece a los tordesillanos, siendo éstos los únicos que pueden disponer acerca del destino y las condiciones en las que se recrea el Torneo del Toro de la Vega, que entronca con los orígenes de la Tauromaquia.
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