29 de febrero de 2020, 8:57:35
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Firma especial vicepresidente de FTL


Las leyes y las sentencias protegen la tauromaquia (pero hay que seguir defendiéndola)

En el tema de la protección jurídica de la tauromaquia en España, se puede decir sin ninguna duda que estamos infinitamente mejor que hace apenas siete años. No sólo son importantes las sentencias en sí mismas sino su contenido. Y, en todo ello, es vital la labor constante de la Fundación Toro de Lidia.

Por Fernando Gomá


En el mundo del toro es frecuente encontrarse con una visión pesimista de la situación de la Fiesta, personas que dicen que “antes estábamos mejor” (en el aspecto que sea), y que profetizan que todo irá empeorando sin remedio. Sin embargo, en el tema de la protección jurídica de la tauromaquia en España, que es importantísimo, se puede decir sin ninguna duda que estamos infinitamente mejor que hace apenas siete años.

Y esto es así por una combinación de leyes y sentencias de los tribunales, potenciadas por la labor constante de la Fundación Toro de Lidia para exigir su total cumplimiento y para extraer todas las consecuencias favorables para la tauromaquia. Veámoslo:

En 2013 se aprueba la ley que declara la tauromaquia como patrimonio cultural inmaterial, afortunada causa de todo lo que pasa después. Y la aprobación fue justo a tiempo, porque en la siguiente legislatura hubiera sido imposible. Dice cosas muy trascendentes y que van a tener consecuencias en los acontecimientos de años posteriores:

Así, declara que la tauromaquia forma parte del patrimonio histórico y cultural de todos los españoles, lo que incluye no solamente las corridas de toros sino los festejos y tradiciones populares. Que es obligatorio para los poderes públicos (todos ellos) el realizar acciones para conservarla y a promoverla, y enlaza esta obligación con la protección que la Constitución otorga a la cultura.

Es decir, la ley ordena a las administraciones públicas que no solamente no prohíban o limiten las actividades taurinas, sino que, independientemente de lo que piensen los políticos de turno, las protejan y fomenten. Esta obligación ha sido exigida desde entonces una y otra vez por parte de la Fundación en diversas instancias, acompañando esta exigencia de un argumento contundente y de higiene democrática: si un político no quiere cumplir este ley porque no está de acuerdo con su ideología, es un peligro para la sociedad porque no respeta la democracia y el Estado de Derecho. Las leyes deben respetarse y cumplirse todas, no solamente las que te gustan como político.

El 20 de octubre de 2016 se produce la segunda buena noticia: el Tribunal Constitucional declara nula la ley catalana que prohibió los toros. Este resultado favorable no era en absoluto seguro que se fuera a producir (hubo magistrados discrepantes), por lo que fue un gran éxito, y la ley de 2013 ayudó a ello. El Tribunal en la sentencia se explaya: Las corridas de toros y espectáculos similares son una expresión más del carácter cultural, de manera que forman parte del patrimonio cultural común. La tauromaquia es un complejo fenómeno histórico, cultural, social, artístico, económico y empresarial; la tauromaquia tiene una indudable presencia en la realidad social de nuestro país, y se puede decir que hay conexión entre la fiesta de los toros y el patrimonio cultural español.

Es decir, que la tauromaquia es una manifestación cultural recogida y protegida por la misma Constitución. La Fundación se pone a trabajar sobre esa sentencia para extraer todas sus consecuencias políticas: no es ya que las Comunidades Autónomas no tengan capacidad para prohibirla en sus respectivos ámbitos territoriales, sino que tampoco el Estado podría hacerlo. Del mismo modo que no podría prohibir el flamenco, la pintura abstracta o la literatura de ficción y por la misma causa, porque la cultura no se ha de reprimir, sino que se ha de cuidar.

En definitiva, hay que defender en todos los ámbitos que dado que los toros están protegidos por la Constitución, ni siquiera se podrían prohibir por una ley, porque sería probablemente inconstitucional. Y así se está haciendo de manera constante.

El 3 de agosto de 2017 se aprueba en Baleares una ley cobarde que quiso prohibir los toros “sin que lo parezca”, estableciendo requisitos extravagantes y absurdos que hicieran imposible y ruinoso celebrar una corrida de toros. La Fundación estudió los argumentos en contra y presionó al Gobierno para que la recurriera al Tribunal Constitucional, como así fue. El TC dictó a finales de 2018 otra sentencia tan importante, o más, que la de Cataluña.

Dice esa sentencia que la ley constituye un obstáculo a la normal celebración de las corridas de toros y provocan una desfiguración de las mismas hasta hacerlas irreconocibles. Afirma reiteradamente que los toros existen en la realidad social española. Esta sentencia viene a reforzar la línea iniciada con la sentencia sobre toros en Cataluña, pero dando un gran paso más allá: proclama que la tauromaquia como hecho cultural tiene una forma de ser en España, es algo reconocible y se compone de sus tres tercios y la muerte del toro (declaración ésta que tiene especial trascendencia). Y ello no por ser un producto artificial de las leyes sino por proceder de la propia sociedad, la cual ha ido definiendo, por su voluntad y no como una imposición legal, cómo han de ser en cada momento las corridas.

En resumen, el Tribunal Constitucional –nada menos, el órgano encargado de interpretar la norma suprema- declara sin matices que los toros son cultura de primer nivel, porque están incluida en la protección de la Constitución, y ni se pueden prohibir ni se pueden deformar, de modo que los tres tercios y la muerte del toro formarían parte de esa protección y no podrían cambiarse salvo que cambie la cultura del propio pueblo (a ese nivel de detalle alcanza el Tribunal). Realmente no se puede llegar más lejos.

Todo esto trae consecuencias, porque los tribunales, como no puede ser de otra manera, asumen esta doctrina y la aplican. Así ha ocurrido, en Villena (Alicante), donde el alcalde se negaba año tras año a autorizar una corrida, perdiendo judicialmente una y otra vez. Lo que a su vez ha provocado que la Fundación se querelle por prevaricación contra él, que en estos momentos está imputado por el juzgado.

Estos argumentos de las sentencias que he mencionado se han empleado desde luego en otros recursos judiciales, y también en todas las reuniones políticas y sociales, porque constituyen un discurso completo en defensa de la Fiesta.

Como conclusión: en los últimos años se ha creado un tejido legal y jurisprudencial muy favorable para la Fiesta. Pero para aprovecharlo al máximo frente a los prohibicionistas es imprescindible una acción constante en la política, en los medios de comunicación y en la sociedad en general, porque nada debe darse por definitivo. La Fundación Toro de Lidia se dedica a eso precisamente y de manera constante y desinteresada, y realmente con muy pocos medios. Por eso es esencial que todos los taurinos la apoyen. Cuantos más seamos, más fuertes seremos.


Por Fernando Gomá
Vicepresidente de la Fundación Toro de Lidia
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