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Baltasar Picornell (Podemos), Presidente del Parlamento balear
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Baltasar Picornell (Podemos), Presidente del Parlamento balear

Baleares aprueba, inconstitucionalmente, las corridas de toros sin sangre ni muerte

Este medio se ha puesto en contacto con Williams Cárdenas, presidente de la AIT, quien explica la situación legal de la Tauromaquia en España. "Están prevaricando y se pueden exigir responsabilidades”, afirma.

lunes 24 de julio de 2017, 13:29h

El Parlamento balear ha aprobado la proposición de ley para regular las corridas de toros en las Islas. Presentada por PSOE, MÉS y Podemos, prohíbe la muerte del animal en la plaza así como la entrada de menores de 18 años en los festejos taurinos. Esta ley establece que se lidiarán un máximo de tres toros por corrida, que no podrán ser ni heridos con las banderillas ni muertos a estoque, en una faena que durará como máximo de diez minutos.

La ley se ha aprobado con los votos a favor de PSOE, MÉS y Podemos y la oposición de PP y Ciudadanos.

Sin embargo, esta ley es “inconstitucional”. Así nos lo ha confirmado Williams Cárdenas, presidente de la Asociación Internacional de Tauromaquia, Diplomático, Abogado especialista en la Defensa de Derechos Humanos ante Instancias Jurídicas Internacionales y profesor de Derecho Internacional Público y Derecho Constitucional. “Es ilegal porque ya se han dictado leyes nacionales que reconocen la Tauromaquia como Patrimonio Cultural Inmaterial del pueblo español en todo el territorio nacional. Así lo ha ratificado el máximo órgano intérprete constitucional de España como es el Tribunal Constitucional, y también lo ha hecho recientemente el Tribunal Supremo”, declara Cárdenas. Además, conforme al impedimento de banderillas y estoque, agrega que “esta ley si bien no prohíbe el espectáculo, contempla modificaciones que lo vacían de contenido tratando de burlar las leyes de un espectáculo que tiene una estructura que no puede vulnerarse”. Referente al delito que se podría estar cometiendo al aprobar dicha ley, el presidente de la AIT afirma que “hay un ánimo de defraudar la ley. Podrían estar incurriendo en hechos ilícitos. Están prevaricando y se pueden exigir responsabilidades”.

“La administración pública puede intervenir porque tiene la ley en la mano. Por lo tanto, puede hacer ejercicio de sus funciones”, concluye Cárdenas.

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